18 Diciembre 2019

La nueva administración provincial, los juicios heredados y la caída del Pacto Fiscal

El juicio con capitales austríacos sería una de las grandes malas noticias económicas que experimentaría la Provincia, aunque, como contrapeso, esta semana el Gobierno nacional anunció que desactivará el acuerdo que Macri había entablado con los gobernadores hace dos años.

Por Franco Hessling

La Fiscalía de Estado fue heredada por Agustín Pérez Alsina, un hombre experimentado, otrora militante del Partido Renovador, que supo ocupar un escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Nación, lugar desde el que fortaleció las relaciones con el oficialismo provincial de entonces, encabezado por el ahora ex gobernador, Juan Manuel Urtubey.

Pérez Alsina ya viene de ocupar un cargo en la Municipalidad de Salta, con lo cual, la decisión de Gustavo Sáenz, ahora como mandatario provincial, de delegarle semejante responsabilidad no hace más que ratificar que la confianza con el sector del ex intendente y candidato a vicepresidente es cada vez más fuerte. Tanto en la Municipalidad como en la Provincia estuvo en el puesto clave de representante legal del Estado.

Sucede que en el entorno de Gustavo Sáenz confían en la solvencia técnica del ex senador nacional, a quien solía verse, siempre con ánimo afable y estampa encorvada, atenazando algún expediente bajo del brazo. En términos formales reemplazará a Pamela Calletti, de quien se reconoce la misma entereza técnica, aunque con un perfil político diferente al de Pérez Alsina, más elitista y reservada que éste.

El “Mono”, como sus allegados cercanos apodan a Pérez Alsina, no tendrá una tarea simple en la Fiscalía de Estado. No porque vaya a tener dificultades para reemplazar a Calletti en sí, sino porque ciertos procesos judiciales acucian a la hacienda provincial, al punto tal que, en las últimas semanas, han sido tema de debate y opinión de dirigentes de toda índole.

Entre los juicios que afronta la Provincia y que están próximos a tener consecuencias directas se destaca el caso de la cadena de juegos de azar de Austria, un litigio de larga data que viene desde que esos capitales extranjeros decidieron llevar su disconformidad a cortes internacionales, luego de que la administración provincial del entonces joven gobernador Urtubey decidiera quitarle el otorgamiento que les había cedido Juan Carlos Romero.

El problema con dicho procedimiento es que por la jurisdicción donde se resuelve el diferendo, cuando haya una sentencia -que no se anticipa favorable a la Provincia-, los resarcimientos económicos que haya que abonar a los austríacos, serán suprimidos por las administración nacional sobre aquellos fondos que estaban destinados para Salta. Es decir, se hace un pago automático, ajeno a la voluntad del Gobierno provincial.

Para contrapesar el daño económico que podría producirse por este litigio, cerremos esta columna reafirmando que el Gobierno de la Nación anunció que echará por tierra el Pacto Fiscal que habían sellado las provincias con la Casa Rosada, durante la gestión de Mauricio Macri, y que impactaba directamente en las arcas locales. Indudablemente, tanto Sáenz como su ministro del área económica, Roberto Dib Ashur, habrán celebrado esta decisión.