19 Diciembre 2019

Nueva administración provincial II: el asunto medioambiental y el desarrollo productivo

Otro de los puntos que hereda el gobierno entrante es la contradicción entre protección medioambiental y modelo productivo, algo que podría armonizarse o silenciarse si los dirigentes concilian en que hay decisiones que escapan a la Provincia.

Por Franco Hessling

 

Ayer mencionábamos que la administración provincial hereda alguno pasivos a partir de litigios judiciales en distritos internacionales. La noticia económica que contrapesó ese saldo negativo inicial para la gestión de Gustavo Sáenz fue el acuerdo con Alberto Fernández, quien junto a Sergio Massa y Santiago Cafiero, presidente de la Cámara de Diputados y Jefe de Gabinete, respectivamente, recibieron a todos los gobernadores para firmar una adenda al Pacto Fiscal.

Para quien tenga memoria frágil digamos que el Pacto Fiscal fue un documento que se firmó en 2017, entre gobernadores y la Casa Rosada, que obligaba a las Provincias a ceder recursos y perder subsidios, como el del transporte, buscando equilibrar la balanza contable de la Nación. En 2018, el gobierno de Cambiemos agudizó las pautas del Pacto, la tesis de “ir más rápido” que esbozó en algún momento Mauricio Macri, y volvió a contar con el respaldo de los gobernadores. Por el lado de Salta, tanto Juan Manuel Urtubey como la Legislatura, a través de leyes, dieron visto bueno al documento.

El anuncio del flamante presidente Alberto Fernández, rubricado por todos los gobernadores, alivia las finanzas de todo el país, empresas, familias y hasta de los estados que componen la federación. Decíamos, entonces, Roberto Dib Ashur, ministro de Economía y Servicios Públicos de la Provincia, habrá tomado con entusiasmo la moderación de Fernández, en tanto liberó la posibilidad de autorregular algunas cargas impositivas provinciales.

Otra de las cuestiones que Sáenz y su tropa reciben es la cuestión irresoluta entre la cuestión medioambiental y el modelo de desarrollo productivo. Y aquí vuelve a aparecer la mecánica entre lo nacional y lo provincial: el presidente resolvió recargar al campo y, rápido de reflejos, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín De los Ríos, recibió a los dirigentes del agroexportador local, sector del que proviene.

No sin razón, los productores argumentan que su situación es diferente a la de los productores más cercanos a las salidas portuarias. El gasto en flete es un añadido para provincias alejadas de los puertos, situación que De los Ríos se comprometió a plantear en los despachos nacionales, fungiendo de intermediario. A la administración de Fernández no le conviene un sector agrario que, aunque con divergencias internas, acuerde en querer desestabilizarlo. En razón de ello, es fácil advertir que los planteos de De los Ríos, no en contra de la medida nacional sino en busca de un diferencial específico para productores de algunas “economías regionales”, prosperarán con seguridad.

En cambio, en la cuestión ambiental no se sabe cómo hará De los Ríos, y el propio Sáenz, para lidiar con las ambiciones de ampliar la frontera de producción de los agroexportadores. Ampliar esa superficie implica tumbar bosques y eso Greenpeace ya lo tiene bien estudiado en la región. La ONG es una especie de padre retrógrado que mira al novio de la hija, porque si fuese una novia la hija ya no viviría en casa, con gesto intimidante, como diciendo “te estoy vigilando”. Greenpeace mirá a Sáenz y le dice “cuidado, te estoy vigilando”.

Sin embargo, no todo es desmonte en la viña de las y los señores que cuidan el medioambiente. En Salta otra lucha trascendente de los últimos años es la de los vecinos de El Tranquerazo, a orillas del río Juramento, en el sur provincial contra la norteamericana Austin Powder. En los últimos años hubo una retahíla de sucesos, que sumaron pájaros muertos y una explosión, que demostraron que el reclamo de los vecinos no es un capricho menonita sino una advertencia razonable.