07 Febrero 2020

Los barones de Urtubey: el faltante de 84 millones que dejó Manuel Cornejo

El ex intendente de Quijano está siendo investigado por ese ingente monto, situación que no sorprende si se tienen en cuenta sus propios antecedentes, pero también si se pasa revista por la forma en que el ex gobernador se vinculó con los jefes comunales.

Franco Hessling

Uno de los pilares de la construcción de poder que sostuvo a Juan Manuel Urtubey durante doce años al frente de la provincia versó en hacer descansar el peso territorial en los intendentes, desplazando a los senadores y diputados, que en tiempos de Juan Carlos Romero habían tenido más relieve que los jefes comunales.

Ese modelo, que Urtubey aprendió a rajatabla cuando pasaba muchas semanas en Buenos Aires antes de ser gobernador, en tiempos en los que fue diputado nacional por Salta. Una relativa cercanía con algunos de los armadores de Eduardo Duhalde le enseñaron que la estructura territorial al modo “barones del conurbano” bien podía exportarse a la provincia norteña que él pretendía gobernar con apoyo del kirchnerismo.

Fue entonces que Urtubey fortaleció la autonomía territorial de esos que más que barones fungían como señores feudales, propietarios de la tierra y no sólo de la investidura. Se re-potenció el Foro de Intendentes también y se instaló la idea en el mundo de la política de que cada intendente arbitraba en su zona a placer, sin intervenciones ni objeciones del gobernador, quien sólo pedía a cambio la más acrítica lealtad electoral.

Ese mandato fue cumplido con firmeza, entre otros, por el después férreo progresista Sergio Leavy, e incluso por algunos opositores del ala radical. Y, cuando ese pacto se deshacía de hecho, el entonces gobernador Urtubey no dudaba en instruir deposiciones para designar a dedo a quien reemplazaría a el o la eyectado/a.

El pacto entre Urtubey y los intendentes tenía un elemento subyacente: la impunidad. Garantía para los jefes municipales de que la Justicia salteña no actuaría a menos que, por supuesto, osaran rebelarse contra el entonces primer mandatario provincial. Prueba fehaciente de ello es la famosa “causa de los intendentes”, que tiene en la Justicia más de treinta años y nunca materializó condenas en perjuicio de, por ejemplo, Sergio “Topo” Ramos, sobre quien abundaban pruebas de corrupción.

Esta semana, el pus de ese esquema de poder siguió saliendo más allá de la dermis social a través de una denuncia que realizó el flamante intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, quien acusó a su predecesor, Manuel Cornejo, de no haber demostrado en qué gastó 84 millones de pesos que recibió la comuna que está a la vera de la Ruta 51.

“A través de una investigación interna realizada, se pudo detectar una serie de irregularidades por eso creemos que es conveniente que se ponga a consideración de la justicia penal una investigación para esclarecer la situación de muchos fondos que recibió el municipio de Campo Quijano y no se conoce cuál fue el destino”, señaló el abogado de Quijano en una conferencia de prensa en la que también participó Folloni.

Por lo pronto, la Justicia salteña recogió el guante y anunció que la Unidad de Delitos Económicos Complejos está investigando la denuncia de Folloni y su equipo. Veremos si esta vez le toca su merecido o, en cambio, se repite el patrón de inmunidad que benefició y sigue beneficiando al Topo Ramos.