06 Marzo 2020

Alberto Fernández sigue su cruzada contra los Servicios de Inteligencia

Una nueva decisión del presidente restringe la posibilidad a que la Justicia solicite intervención a los agentes de inteligencia. Una forma de evitar problemas entre dirigentes, para nada una manera de erradicar las prácticas de espionaje inconstitucionales que usan todos los gobiernos contra los luchadores sociales.

Franco Hessling

Fiel a lo que había prometido en su discurso de asunción, el presidente Alberto Fernández formalizó vía decreto su decisión de contraer las competencias de los agentes de inteligencia del país. Primero fue quitando sus partidas reservadas, de ejecución discrecional, y ahora con la imposibilidad de que participen en investigaciones a requerimiento de agentes judiciales.

Dada esa decisión, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), heredera directa de la SIDE después de que el kirchnerismo decidiera conducir sus sospechas por la muerte de Alberto Nisman en esa dirección, se limitará a investigar hechos que involucren presunción o rastreo de acciones terroristas. No habrá, hipotéticamente, participación en alguna en otras aristas del espionaje.

No hay que alegrarse demasiado, lo cierto es que más parece un ajuste de cuentas entre el peronismo y los viejos mandos de la SIDE, que una reforma en aras de fortalecer el funcionamiento institucional de la democracia argentina. Aunque, claro está. los términos del decreto de Fernández son así de grandilocuentes: “[la decisión se da por] la imperiosa necesidad de realizar un reordenamiento y rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional en pos de restablecer y fortalecer los principios democráticos y de publicidad que deben regir la materia”.

El texto del decreto tiene pasajes menos demagógicos y más sinceros con los intereses reales del actual Gobierno de la Nación: “Corresponde limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia”.

La Casa Rosada busca combatir lo que la intelectualidad anglosajona llama lawfare y que fue importado a la opinión pública argentina por la vicepresidenta Cristina Kirchner. En definitiva, es un parche institucional para evitar persecuciones entre poderosos. Mejorar la calidad de vida de los dirigentes millonarios que se alternan desde hace décadas en los gobiernos e instituciones de poder estatal.

Porque, conviene recordarlo, el kirchnerismo no ha sido reticente a usar el espionaje contra luchadores sociales. Así quedó de manifiesto, por ejemplo, en el proceso de resistencia de los trabajadores de Kraft en 2011. Informes periodísticos demostrar que el “Proyecto X”, viejo entramado de inteligencia militar, se había puesto a disposición del Gobierno aduciendo la implementación de, preste mucha atención lector/a, de la “Ley antiterrorista”, modificada después por el propio kirchnerismo.

Que quede claro: la decisión del presidente Fernández beneficia sólo a los dirigentes y nada tiene que ver con restringir seriamente el espionaje inconstitucional en el que suelen incurrir los servicios de inteligencia, siempre a pedido de sectores políticos específicos, varios de los cuales hoy integran el Gobierno de la Nación.