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17 Febrero 2020

Hay que parar la mano

Por Félix Jesús Arancibia
De vergüenza nacional calificó el presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández, la muerte de los ocho niños wichís, de los ocho niños argentinos, ocurridas en Salta como consecuencia del agua contaminada -le faltó mencionar la desnutrición- que es parte de la vida diaria de esta etnia, como de tantas otras que pueblan el territorio de Salta y de muchas provincias de la patria.

Juan Grabois, que además es dirigente social es portador de títulos que lo habilitan para referirse a temas de interés nacional, dijo hace pocos días en un programa de televisión -emitido por el canal C5N- que el responsable de la muerte de esos niños era el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Otras muchas voces se alzaron para condenar estas muertes incomprensibles por el país que tenemos, que pasó de granero a supermercado del mundo, en los repetidos dichos de la administración nacional anterior al cambio del 27 de octubre del año pasado.

Otras, para ofrecer paliativos -caso de Marcelo Tinelli-, como la construcción de quince pozos de agua que permitan al menos, sino borrar el hambre, consumir un agua no contaminada. En esta tierra nuestra la responsabilidad sobre la infrahumana condición en la que viven los pueblos originarios, supera en el recuerdo a las gobernaciones de Juan Manuel Urtubey.

Con el advenimiento de la democracia a nivel nacional, se produjo igual realidad en nuestra provincia, sin que la rémora de años de sufrimiento cambiara en las etnias que ocupan gran parte de la geografía salteña.

Tampoco la vigencia de la nueva Constitución Nacional, la reformada en el año 1994, fue escuchada por los que gobernaron en nombre del pueblo como sus legítimos representantes. Nacieron del sufragio y por voluntad mayoritaria de la ciudadanía, ocuparon los sillones de Grand Bourg con la obligación impuesta de gobernar, es decir, de administrar, de ejecutar, de hacer realidad derechos u ordenar que así suceda.

Y no caben dudas que los wichís, tobas, matacos, coyas, etc., son salteños. No obstante esta verdad irrefutable, nunca fueron atendidos en sus necesidades básicas elementales por los gobiernos que se sucedieron desde 1983 a la fecha.

No es vacuo expresar que los gobiernos aludidos no entendieron la manda que impone la Constitución Nacional, reformada, reitero, en el año 1994, en su artículo 75, inciso 17 (*), como un imperativo que no puede ni debe soslayarse. Pero que, en la vida diaria de gobernantes y gobernados, desgraciadamente corrió igual suerte que otros artículos de la Ley Básica Nacional totalmente dejados de lado, según los gobiernos, y lógicamente, los intereses que representaban.

El gobierno de Gustavo Sáenz deberá tener presente la letra y el espíritu del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional en la ardua tarea que tiene por delante, para restañar las enormes heridas dejadas en el estado de la economía de la provincia, y en su entramado social, por el anterior gobierno.

Gobierno que pese a la creación del Ministerio de la Primera Infancia en el año 2015; la tercerización de la atención de la salud por el convenio con Abel Albino, pediatra mendocino, presidente de CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil), no pudo desterrar la indigencia extrema, con su secuelas de hambre, enfermedades, e intentar al menos mejorar, aunque sea un ápice, la salud de niños de distintas etnias, estado que se visibilizó con la muerte de estos ocho niños argentinos, que no debieron morir por agua contaminada y desnutrición.

Tendrá que frenar la desforestación que en los últimos gobiernos fue naturalizada al extremo. Desmontes que pese a la ley que preserva las selvas nativas, continuó con la funesta tarea de prohijar desertización, desaparición de la diversidad biológica, tanto en la fauna como en la flora y como lógica consecuencia, el confinamiento de los pueblos originarios a hábitats cada vez menores y sin recursos para la subsistencia.

Ah, y deberá contribuir también en lo que a sus atribuciones y obligaciones se refiere, a la materialización del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió sobre el planteo de la comunidad. Si bien no fue notificado lo resuelto, ello atendería a la entrega colectiva y titulación de 400.00 has. ubicadas en el norte de la provincia, en el departamento de Rivadavia.

Como informara nuestro colega Página 12 en su versión online, «En los alegatos, el CELS pidió que en un plazo no mayor a dos años, el gobierno argentino (en realidad la tarea corresponde al gobierno de Salta, pero queda obligado el Estado argentino) realice todas las acciones para que los criollos puedan trasladarse, y solicitó también que se dicten una serie de garantías de no repetición, entre ellas, que el Estado argentino institucionalice el derecho a la propiedad comunitaria colectiva, y establezca la consulta previa libre e informada para todas las comunidades indígenas del país».

Entonces, es hora de parar la mano y atender reclamos de habitantes, de ciudadanos, de esta bendita Argentina. De evitar nuevas muertes de niños argentinos por ninguna causa.

(*) Reconocimiento étnico, cultural y patrimonial de los pueblos indígenas argentinos.