24 Agosto 2020

Control Remoto

Por Natalia Aguiar
Cuando en un país se intenta afectar el funcionamiento de la Justicia y de la prensa, dos pilares de garantía institucional democrática, las alertas de se encienden. Sin prensa libre y Justicia independiente, no hay Democracia. No tendremos  resguardos constitucionales.

Y mucho más aún cuando son los funcionarios públicos del gobierno de turno quienes intentan pasar por alto a las instituciones. Es que la Reforma Judicial pretende garantizar impunidad y sanear causas de corrupción. Pero además, ahora desde el oficialismo en el Senado incorporaron al Proyecto de Reforma judicial, una cláusula que afecta a la libertad de expresión.

En el proyecto enviado por el Ejecutivo se refieren a reglas que protejan la actuación de jueces ante cualquier intento de influencia en sus decisiones "por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole...".

El tema en cuestión es que en el dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales elevado a la Cámara de Senadores para su tratamiento se agregó en la norma bajo estudio, a los "poderes mediáticos" en contraposición a la letra del proyecto enviado por el Ejecutivo.

Para algunos, estaría  la mano de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en esa modificación, incluso por encima de la intención de Alberto Fernández. Claro que fue el senador Oscar Parrilli,  el defensor de esa cláusula incorporada entre gallos y media noche.

La situación es alarmante y así lo señaló la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, al denunciar que la modificación en la letra de la ley que impulsa el kirchnerismo “busca el silenciamiento de la libertad de expresión”. Además ADEPA sostuvo que el proyecto que impulsa Parrilli representa “una repudiable figura que lleva a oscurecer la administración de justicia”.

Parece haber una clara intención de menoscabar  a la libertad de expresión y manejar la justicia federal como si se tratara de un robot, a control remoto.

Constitucionalidad: Nuestro país, es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos surgido con mayor vigor después de la Segunda Guerra Mundial, justamente con el objetivo de defender las garantías del hombre, evitar abusos de poder y totalitarismos.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vasta y sustenta paradigmas para la defensa y cuidado de los derechos humanos, entre ellos, las libertades, el derecho al servicio de justicia, la vida, la educación, el libre tránsito, y la libertad de expresión.

Después de décadas de avance doctrinario y jurisprudencial esto resulta inaceptable, ya que los senadores intervinientes en esta maniobra estarían faltando a la ley.

Primero que nada , las conquistas de derechos siempre son progresivas. Para atrás, ni para tomar impulso. No podría haber restricciones de derechos y garantías que fueron conquistadas. De hecho fue el fallo “Marbury versus Madison”  de 1803 en Estados Unidos que incorpora el principio del control de constitucionalidad, como un deber de los jueces de verificar que normas de menor jerarquía respeten los lineamientos constitucionales. Luego, en varios fallos de la Corte de la Organización de Estados Americanos, se amplía ese deber jurisdiccional, de controlar la Constitución de cada país, hacia un “control de convencionalidad” en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Pero la jurisprudencia dio un paso agigantado en el fallo “Gelman versus Uruguay” . En ese caso se cuestionaba al vecino país por la desaparición forzada de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, así como de la  supresión y sustitución de identidad de su nieta, María Macarena Gelman García durante la última dictadura cívico-militar charrúa. En el 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, plantea algo muy importante: Que el “control de convencionalidad” no sólo es un deber para los jueces de todas las instancias, sino que se expande, es decir también se encuentran obligados a él, los funcionarios públicos. Es decir, diputados, senadores, intendentes, gobernadores. Por lo tanto, el senador Oscar Parrilli, como todo otro funcionario involucrado, estarían faltando a los lineamientos constitucionales y de la Convención Interamericana. Ese control de convencionalidad deberíamos ejercerlo periodistas, abogados, docentes y todos lo ciudadanos de bien que apuesten a la conquista de derechos y no a sus restricciones. Resistamos a ser controlados a remoto.