14 Septiembre 2020

Legislativas 2021, en el ruedo

Por Natalia Aguiar
Las elecciones legislativas del 2021 se lanzaron la semana pasada cuando Alberto Fernández anunció la quita de un punto extra de coparticipación federal, de las arcas porteñas para paliar el conflicto policial que enfrenta el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La medida tuvo quizás un impacto similar al que se generó cuando Cristina Kirchner anunciaba la candidatura presidencial de Alberto Fernández en la fórmula peronista, aquel 18 de mayo de 2019. Nadie puede discutir el efecto “sorpresa” que caracteriza a las estrategias cristinistas. Ya son una marca registrada.

Quizás Cristina Kirchner pretenda posicionar la gestión de Kicillof para ganar la Cámara de Diputados en el principal bastión electoral de Argentina. De hecho, los bonaerenses nunca recibieron tantos recursos como de la mano de Alberto Fernández. Actualmente se transfieren 105.772 millones de pesos , diez veces más de lo que recibe la Capital según los entendidos,  y, ahora, un punto extra de coparticipación federal. Para la ciudad que administra Horacio Rodríguez Larreta implica una pérdida del 10 por ciento de su presupuesto total, casi 60 mil millones de pesos. Sin dudas es un impacto a los fondos de la ciudad de Buenos Aires. "El populismo sin plata no funciona, consolidar el poder en Buenos Aires y ganar las elecciones es la estrategia de Cristina Kirchner; Alberto Fernández solo la ejecuta", deslizó el radical Mario Negri, presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio.

Mientras tanto, el oficialismo recibió el aval de 19 gobernadores a los que el ministro del Interior, Wado De Pedro,  agradeció y expresó que la decisión presidencial vino a "subsanar una gran injusticia"  ocasionada durante a gestión de Macri, cuando incrementó la coparticipación de la ciudad, al transferirle a esa jurisdicción la Policía Federal, en 2016. Para De Pedro se trata de  "una inmoralidad" ante la "situación" que "atraviesan millones de argentinos y argentinas". Menos mal que estábamos en etapa de diálogo.

Contraofensiva: Rodríguez Larreta prepara un armamento legal para cuestionar el decreto presidencial ante la Corte Suprema. Entre la ofensiva se solicitará una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos del decreto presidencial. El problema es que la Justicia lenta no es justicia y es en estos momentos cuando los gobiernos se acuerdan de la “imparcialidad judicial” como un derecho humano.

En tanto, el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, explicó lo ocurrido allá por 2016: “En aquel entonces, el método para asignar los fondos se desarrolló "de la misma manera, pero ajustado a derecho" y aseguró que el actual decreto de la administración del presidente "es violatorio a la ley de coparticipación, que tiene un rango prácticamente constitucional" porque "el Gobierno tomó fondos que no le corresponden, modificó la coparticipación primaria de impuestos, restándole a las provincias, y después constituyó un fondo para devolverle la plata a la provincia de Buenos Aires".

Métodos efectistas: Desde el kirchnerismo ultraortodoxo, la Coparticipación fue utilizada como una especie de “botín de guerra” para presionar o noquear al contrincante. Corría el 24 de Noviembre de 2015, cuando incluso sin haber asumido el bastón de mando, el ex presidente Mauricio Macri, recibió la peor de las noticias. La Corte Suprema tras más de diez años en estudio, declaró inconstitucional la retención del reparto de Coparticipación que le correspondía a las provincias  de Córdoba, San Luis y Santa Fe.

Entonces Macri debía desembolsar alrededor de $90 mil millones de pesos, lo que le generó un “agujero negro en las finanzas” al flamante gobierno. La dimensión de esa medida fue para Macri como un puñetazo en la mandíbula. Ricardo Lorenzetti, por entonces presidente de la Corte debió devolver el favor de su nombramiento a Cristina Kirchner. Nada es gratis.

Dicen los que saben,  que se lo pidieron y el magistrado debió obedecer a los mandos naturales. Fue allí cuando Fabián  ¨Pepin” Rodriguez Simón al ver la sorpresa en la cara de Mauricio dijo “aquí hay que demostrar quien manda”. Y fue por decreto que Macri nombró a dos de los actuales jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, la medida generó polémicas por resultar “inconstitucional” según palabras de la propia Elisa Carrió, socia política de Macri como desde el radicalismo, en palabras  de Ernesto Sanz.

La cuestión era abiertamente inconstitucional pero el “efecto” político había dado resultados. Los nombres se instalaron y luego el senado se encargó de sanear tamaña irregularidad. Ahora bien, los gobiernos de turno suelen hacer caso omiso al sistema de controles, pesos y contrapesos de las instituciones del Estado, pasan por encima de las normas y las instituciones mientras los ciudadanos quedan en medio de un pelotero político y judicial.  Largadas las Legislativas 2021 en el peor momento de la pandemia, los políticos avanzan sobre la legalidad. Hecha la ley, hecha la trampa. Todo vale: Moralidad 2021.