27 Mayo 2019

Los 100 perros verdes

Por Jorge Villazón
Lo he escuchado más de 1000 veces. Los funcionarios responsables de garantizar la seguridad para la sociedad, ante fallas trágicas que hacen dudar de la conveniencia del sistema, se excusan explicando que pueden haber 1 o 10 o 100 policías corruptos o delincuentes “infiltrados”, pero que las fuerzas uniformadas son miles o cientos de miles y la inmensa mayoría son fieles a su deber de custodiar a los ciudadanos de los que les provocan riesgos o  disminución en sus derechos inherentes.

Desde la estadística el ejemplo puede ser válido pero justamente es esa estadística la que vuelve muy peligrosa la presencia de los delincuentes entre las fuerzas de seguridad. Veamos una demostración de esto. Qué pasaría si nos tomamos el trabajo de pintar 100 perros con pintura color verde y luego invitamos a cualquiera a caminar entre ellos pero alertando que sólo uno, repito que sólo uno, es capaz de morder sin que lo esperemos o lo alentemos en la actitud.

Sin duda esto determinaría la sospecha sobre los 99 supuestos perros mansos y la inquietud de cualquiera a quien se lo invite a pasar por la experiencia. Esto pasa cada vez que se conoce una acción brutal y trágica con protagonistas uniformados de la seguridad nacional, provincial o municipal

Este es el dilema que a diario enfrentan los responsables de garantizar el servicio de seguridad y hasta ahora sólo se ha resuelto apelando a la estadística y el azar, cuando en realidad no debe ser ni con una ni con la otra alternativa la resolución.

Es una determinación de mucha responsabilidad armar a un ciudadano, darle un uniforme, un vehículo identificado y una supuesta autoridad sin límite en las calles de la ciudad o el pueblo o las rutas. Nunca serán pocas las advertencias, las comprobaciones y los resguardos periódicos, sobre todo cuando él o la uniformada escala en la graduación de la fuerza y por lo tanto suma autoridad hacia adentro y la refleja hacia afuera.

Así se puede entender lo ocurrido en San Miguel del Monte y el cómo fue que se resolvió el caso antes de lo que en definitiva resuelva la Justicia. El dato más significativo es saber por qué se inició la persecución, por qué fue realizada con semejante despliegue de violencia y por qué los efectivos de la fuerza policial no comprometidos actuaron con tanta complicidad descarada para modificar la escena del crimen que se llevó, hasta ahora, la vida de tres jóvenes adolescentes en las tranquilas calles de un pueblo sin antecedentes de actuación de mafias o bandas o “etnias violentas” o terrorismo internacional.

¿Qué vieron o registraron estos jóvenes que desató la desproporcionada reacción del patrullero policial? ¿Ya fueron revisados sus celulares por si hay alguna foto que explique la cuestión?

Lo atípico de lo ocurrido se explica con un dato, ciertamente muy singular, dado que fueron los vecinos los que resguardaron las pruebas y presentaron videos o declaraciones concretas que desmintieron a los asesinos y sus cómplices.

¡Algo no estaba funcionando bien en la relación entre los vecinos y la policía lugareña! Aquí hay una clave para tener en cuenta. La relación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad no se resuelve con un ministro de Seguridad o un Secretario en el área gubernamental.

En nuestro sistema republicano las fuerzas de seguridad están tratando de representar un nuevo poder republicano que adquiera autonomía e independencia por sobre los estamentos institucionales de los Poderes consagrados constitucionalmente.

Este es un resabio de las dictaduras que les dieron, desde las fuerzas militares alzadas contra la Constitución, un carácter de colaboración y acción en el mismo sentido que los sublevados. Los funcionarios gubernamentales se vuelven, a poco de asumir sus funciones tanto como ministros o secretarios de Seguridad, en delegados de las fuerzas uniformadas ante las autoridades gubernamentales o legislativas o judiciales.

Ha llegado la hora de crear organismos consultivos conformados por los ciudadanos para que se expresen con resguardo y dentro de los protocolos institucionales sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad, tanto las nacionales, como las provinciales y las vecinales. Si fuese necesario habrá que recurrir a consultas plebiscitarias coincidentes con las consultas electorales y actuar en consecuencia.

Lo ocurrido en San Miguel del Monte es un ejemplo acabado de lo que puede pasar para mal y de cómo se resolvió para bien con la participación ciudadana, de lo contrario sólo queda someternos a la incertidumbre de los 100 perros pintados de verde.