14 Mayo 2019

Investigación sobre fraudes a la administración pública salpica a ex funcionarios

El empresario Matías Huergo, exdirector de Lusal y socio de la empresa Arcadio Obras Eléctricas, fue detenido ayer en respuesta a una orden librada desde el Juzgado Federal 1, por fraudes a la administración pública.

El expediente que se difundió ayer desde el Juzgado Federal 1, informa que “el objeto preponderante de la presente investigación –según las denuncias de la AFIP y los requerimientos de instrucción del Fiscal Federal de Salta nro. 1 Dr. Ricardo Toranzos- gira en torno, por una lado, de la presunta existencia de una asociación ilícita fiscal que opera consumando delitos de evasión tributaria agravado por el uso de facturas apócrifas y por otro, a raíz de la sospecha sobre fraudes en perjuicio de la administración pública municipal y provincial, como así también de la empresa (Co. S.A. y SA)”.

“En relación a esta última faceta delictiva se sostiene que operaría mediante el empleo de personas físicas y jurídicas en actividad, otras de “papel” que ocultan a sus verdaderos titulares para, con la connivencia de funcionarios públicos, resultar adjudicatarias de obras públicas con sobreprecios, las cuales obtendrían directamente o con el concierto de voluntades a través del direccionamiento a su favor. Para ello serían favorecidos con licitaciones fraguadas por encontrarse vinculados los oferentes por lazos de parentesco, o inventadas por tratarse de una misma empresa que elaboraría las distintas ofertas, todo ello para cumplir, en apariencia, con los requisitos formales de las licitaciones. Asimismo, la investigación también parte de la hipótesis de que en muchos casos la utilización de facturas apócrifas tendría el propósito de ocultar salidas ilegales de fondos públicos cuyo destino habría sido el patrimonio de los mismos funcionarios públicos y de particulares, lo que encontraría asidero en las múltiples facturaciones confeccionadas en la propia sede de hacienda pública municipal”.

“En el detalle de los conceptos pagados figuran pagos a “Pgauffin” o “Pablo Gauffín” en distintas oportunidades, los que arrojan un total de $1.510.000”.

“Luego, al analizar las facturas emitidas tanto por la empresa Dal Borgo como Norte Áridos, se detectó que ambas libraron sus facturas de una misma IP, la cual correspondía a la Municipalidad de Salta”.

Además se comprobó que otras 26 empresas facturaron al municipio desde esa misma IP por un importe total de $ 121.645.342 (desde el 1/2017 al 8/2018). Y que dichas firmas en el mismo período, facturaron a la Municipalidad incluyendo otras I.P., por un total de $ 422.238.276. En la actualidad la AFIP se encuentra avocada al análisis del perfil de esas empresas habiendo comprobado que algunas estarían dotadas de capacidad para operar y otras no, lo que generó fiscalizaciones respecto de éstas últimas”.

“En tercer lugar y continuando con el análisis de los distintos hechos que se enmarcan en delitos comunes de competencia provincial, cabe hacer referencia al presunto direccionamiento de la obra pública por parte de funcionarios provinciales hacia empresas relacionadas con el investigado Matías Huergo”.

“En la denuncia presentada el día 21 de enero pasado en Mesa de Entradas de la Agencia Salta de AFIP se daba cuenta que la "Compañía Salteña de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima" (Co. S.A. y Sa) ex Aguas del Norte Aguas del Norte S.A. efectuaba contrataciones con la Empresa Arcadio Obras Eléctricas perteneciente a Matías Huergo, explicando que en distintas licitaciones se presentaban como oferentes únicamente la citada Empresa, AVAN SAS y MATIAS HUERGO, todas ellas pertenecientes al nombrado. Se explicó que en algunos casos se invitaba específicamente a estas firmas a participar de las licitaciones, destacando el denunciante que los precios que se pagaban por las obras realizadas eran elevados en relación al valor del mercado”.

“Tal exposición también guarda relación con las comunicaciones mantenidas por el investigado Huergo entre las que cabe citar aquella del 20 de abril pasado con Aníbal Anaquín”. Es dable señalar que personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que estuvo a cargo la transcripción de las escuchas telefónica, interpretaron que cuando se hacía referencia “Santiago”, en realidad estaban refiriéndose en código a la empresa "SECSA”. Asimismo, de otra comunicación entre los nombrados se advierte que la obra que le sería concesionada por la ex Aguas del Norte sería la demolición de una torre gigante contenedora de agua que se estaría cayendo en Barrio San Remo”.

“Asimismo, agregó que el sistema de compras y contrataciones de Co.SA. y Sa fue modificado, ya que desde el último cambio de directorio, pasaron de realizarse las autorizaciones mediante un sistema informático denominado "GESP", a gestionarse a través de un sistema de "expediente/papel", donde la decisión última corresponde al Director, responsable del Área de Contrataciones, Compras y Finanzas, C.P.N., Sebastián Gomeza".

“Finalmente hizo saber que podían haber otras maniobras con las mismas empresas, pero que las desconocía, resaltando que, durante el transcurso de la misma gestión, existía y existe una discrecionalidad en los tiempos de pago de las facturas y los anticipos, privilegiando a las empresas "amigas". Además, indicó que se cambió el personal que llevaba adelante las contrataciones, ingresando nuevas personas en dicha área, aclarando que los compradores recibían instrucciones directas de cuáles empresas debían invitar al proceso de contratación, por lo que suponía que antes de la convocatoria existía y existe un acuerdo de quién sería y será el adjudicado de la obra, además de determinarse qué empresas iban o van a " acompañar", precisando que en la mayoría de los casos estas gestiones eran dirigidas por el C.P.N. Carrizo”.

Incompetencia

Entre las resoluciones, el Juzgado Federal 1 declaró “LA INCOMPETENCIA PARCIAL EN RAZÓN DE LA MATERIA para continuar investigando los delitos referenciados en el acápite “I.b” de los considerandos”.

Se refiere a que “competen a la justicia federal los presuntos delitos en infracción a la ley penal tributaria en perjuicio del erario público nacional (ley 27430), en tanto que serán de la órbita de la justicia provincial los supuestos delitos de fraude a la administración pública en desmedro de las arcas de la municipalidad de la ciudad de Salta y de la provincia de Salta; negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, violación de los deberes de funcionario público”.

Esto quiere decir que “compete a la justicia provincial conocer respecto a la conducta que se le endilga al entonces Secretario de Hacienda Municipal Pablo Gauffín”.

Citaciones

Mientras que para hoy está programada la comparecencia de Huergo, el Juzgado citó a “prestar declaración indagatoria en autos a Rubén Gerardo Romero y a Aníbal Anaquín, para las audiencias del 15 de mayo del corriente a horas 8.30 y 10.30 respetivamente; a Arturo Mimessi y Francisco Guzmán Garrido en las audiencias fijadas para el día 16 de mayo del corriente a horas 8.30 y 10.30 respectivamente”.