14 Febrero 2020

El Gobierno derogó un decreto que permitía importar basura

La administración de Mauricio Macri había modificado la ley de Residuos Peligrosos para autorizar el ingreso a la Argentina de materiales sin certificado de inocuidad.

El Gobierno de Alberto Fernández derogó este viernes la medida que había establecido la administración de Cambiemos para permitir que se importen residuos de otros países sin certificado de inocuidad. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 148/2020.

Además, la nueva norma establece un plazo de 180 días para que el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, y el de Desarrollo Productivo, que dirige Matías Kulfas, formulen una “propuesta normativa para regular la temática, que promueva una gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular”.

Con la firma del Presidente, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de Cabandié y Kulfas, el Ejecutivo, resolvió, además, que se vuelvan a implementar las leyes al respecto que estaban vigentes desde 1992 y 1993 hasta tanto se resuelva la problemática.

A principios de año, Cabandié había considerado “indigno y un descalabro permitir la importación de basura”. Además, aseguró que “no hay ninguna razón para importar residuos”.

De esta manera, la actual gestión del Frente de Todos dejó sin efecto el Decreto 591/2019 y la Resolución Conjunta N° 3 del 12 de noviembre de 2019 de la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y del entonces Ministerio de Producción y Trabajo.

A través de esos documentos, el entonces presidente Mauricio Macri había modificado la reglamentación sobre el ingreso de residuos a la Argentina, para permitir así que se ingrese materiales sin certificado de inocuidad. La decisión generó polémica en diferentes sectores.

Las modificaciones autorizaban la importación de “sustancias y objetos” procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica, algo que ahora ya no se podrá hacer.

Entre los considerandos, el actual Gobierno señaló que “la Constitución nacional establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.