01 Agosto 2020

Alberto Fernández derogó el decreto de la intervención de Vicentin

El Presidente la Nación confirmó la noticia en su cuenta de Twitter. “El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa”, sostuvo.

Alberto Fernández derogó el decreto de la  intervención y la expropiación de la empresa Vicentin. Así lo confirmó el mandatario este viernes en su cuenta de Twitter.”Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días”, expresó.

El Presidente de la Nación compartió el escrito completo del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará en las próximas horas. Fernández criticó el accionar del juez interviniente en el concurso y sostuvo que “no ha permitido que el Estado pudiera conocer cuál es el estado pasivo real de la compañía”.

“También ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”, agregó.

Asimismo, sostuvo que el Estado Nacional “no va comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.

El Jefe de Estado explicó que el objetivo del Gobierno Nacional siempre fue “rescatar a la empresa, preservar sus activos, mantener las fuentes de trabajo y colaborar con los productores damnificados”.

Y advirtió: “Nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, añadió.

Por último, Alberto Fernández indicó que ya ha dado “instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.