13 Abril 2019

Revés para Macri en causa penal de Correo Argentino

El fiscal Gerardo Pollicita se pronunció por rechazar los planteos realizados por el presidente y el abogado de la empresa Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, para cerrar el caso y para anular las indagatorias en la causa penal en la que se investiga la responsabilidad de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

La defensa del titular de la empresa argumentó que Pollicita se basó en el dictamen de la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín en el expediente concursal, y que, según los abogados, tiene una “finalidad política”.

Los defensores cuestionaron la cifra de $ 70.163.910.895,10 utilizada por la fiscal Boquin para graficar la quita que representaba la propuesta aceptada por el Estado Nacional en el expediente del concurso preventivo: Dijeron que es “absurda y fue el resultado de un procedimiento 'inédito', marcado por errores conceptuales y jurídicos”.

El fiscal fue contundente al rechazar los planteos y ratificar un accionar irregular por parte de los representantes del Estado dirigido a beneficiar a una empresa privada en perjuicio de los interese públicos.

“Más allá de que el acuerdo no haya sido calificado como 'abusivo' por parte del juez, lo cierto es que, conforme los argumentos desarrollados por esta Fiscalía…. y receptados por V.S. (el juez Ariel Lijo) al materializar la convocatoria, se verificó que en el contexto de un procedimiento concursal no carente de irregularidades existió un accionar por parte de los representantes del Estado Nacional que estuvo dirigido a beneficiar a una empresa privada (CASA) e importaba un claro y abultado perjuicio para los intereses públicos comprometidos”, dijo el fiscal.

Por el contrario, para sustentar su posición, la defensa del dueño de Correo recurrió al informe solicitado al Estudio “Mc Ewan, Roberts, Dominguez y Carassai” donde parcialmente se concluye que, al 28 de junio de 2016, el valor de la deuda por cánones de Correo Argentino S.A. (en adelante, CASA), oscila entre $ 528.800.216,35 y $ 651.321.558,21, según se aplique para la actualización del valor del crédito verificado la tasa de interés pactada (Libor por 3) o aquella fijada por el BNA como tasa pasiva.

En esos escenarios, explicó la defensa que los porcentajes de la quita rondarían el 44 y el 54,5 %, pero jamás el 98,87 %, que parte de considerar que la deuda actualizada era de $ 70.163.910.895,10.

El fiscal Pollicita rechazó el planteo en duros términos al ratificar que sí estaban dadas las sospechas por las que finalmente el juez Lijo citó a los imputados, incluido a Aguad a indagatoria: “El hecho descripto, desarrollado con profundidad en la requisitoria de esta Fiscalía antes referida, podrá ser blanco de las más variadas críticas defensivas (y, a juzgar por la inquietud de la defensa, indudablemente lo será) e incluso materia de discusión en etapas posteriores, pero, de manera alguna puede sostenerse que no resulta verosímil y razonable, a tal punto que V.S.(el juez Ariel Lijo) luego de un análisis del mismo consideró reunidos los extremos exigidos por el art. 294 del código adjetivo y convocó a prestar declaración indagatoria a los imputados”.

Para el fiscal, la finalidad de los letrados “se ve reflejada en los infructuosos esfuerzos de la defensa dirigidos a poner de manifiesto una “obscena maniobra política”, en el planteamiento del tema como algo de patrimonio exclusivo del ámbito concursal, en la responsabilización al Estado Nacional por la situación en la que se encuentra la empresa y en la crítica a la valoración que se efectuó de las reuniones previas que tuvieron lugar entre los representantes de CASA y los funcionarios públicos”.