05 Noviembre 2019

Brigadistas: “Esta es la historia de la desigualdad social”

En sus alegatos, la fiscal Mónica Poma pidio para los ex funcionarios dos años de prisión condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por Dario Alberto Illanes

 

Los querellantes Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia solicitaron 3 años (sin cárcel) por homicidio culposo, mientras que el abogado Carlos Saravia, por el mismo delito, demandó cuatro años de prisión efectiva. Los cuatro defensores pidieron la absolución y rechazaron las indemnizaciones. La Fiscalía de Estado culpó a la naturaleza.

“Esta es la historia de la desigualdad social, de la injusticia social, de familias destrozadas... y  el origen son los contratos de locación de servicios: (Mauricio) Valdéz y (Matías) Vilte cobraban como desmalezadores, no tenían obra social ni ART, y murieron combatiendo un incendio”, aseguró en su alegato el abogado Fernando Teseyra, representante de las familias de estas víctimas.

Las exposiciones de las partes en el juicio comenzaron ayer poco antes de las 9. En primer término fue la fiscal penal Mónica Poma, quien aseguró que los acusados Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagun - ex funcionarios de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta - actuaban en coordinación en decisiones y existió “vulneración de las normas”, entre ellas el “Manual de misiones y funciones de Defensa Civil”. Poma sostuvo acerca del envío de los brigadistas “La orden la dio (Víctor César) Dagun, y (Víctor Jesús) Ola Castro autorizó, fueron órdenes emanadas desde el Estado”

La fiscal describió los “trabajos indebidos” que cumplían las víctimas, los cuales fueron más que irregularidades, sino “hechos reiterados” en la “desobediencia de normas”, por lo que pidio para Ola Castro, Durnelli y Dagun, como coautores, la pena máxima (dos años) en ejecución condicional (sin prisión)

En relación a la acusación de homicidio culposo, Poma consideró que “no hay negligencia ni imprudencia, hubo deficiencias e imprevisibilidad”

 

“Alguien moriría”

Fernando Teseyra describió en su alegado que entre los brigadistas había “discriminación en el trabajo”, por cuanto “los contratados hacían los trabajos sucios... a todos los igualó la muerte en el incendio” El querellante explicó que mientras las familias de Albarracín y Ferreyra, por ser estos de planta permanente, obtuvieron indemnizaciones ($700 mil y $1.200.000, respectivamente), “Vilte y Valdez, nada. Y ellos no debían estar en ese incendio, los mandó Dagun, sabiéndolo Durnelli y Ola Castro”

De acuerdo al abogado, los “funcionarios burgueses jugaron con fuego 206 veces (en 2014), y por supuesto, el fuego quema, mata; alguna vez alguien saldría quemado, muerto”.

Teseyra enumeró las pruebas de que los cuatro brigadistas muertos “hacían lo mismo, sin el equipamiento adecuado, sin equipos de comunicación, sin coordinación ni planificación”. Y aseguró: “los defensores van a decir que la culpa es de Ferreyra, pero él tampoco tenía la experiencia y la capacitación, si era valiente”.

Finalmente, el abogado sostuvo “no queremos venganza, no pedimos prisión efectiva, sino una pena de tres años de ejecución condicional, y cinco años de inhabilitación”

 

Cinco años sin justicia

Carlos Saravia, abogado que representa a las familias de los brigadistas fallecidos Martín Albarracín y Mauricio Valdez, solicitó la pena de cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para ejercer cargos, con el agravante por el número de víctimas.

Según el enérgico querellante, las audiencias probaron la “sistematización del incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En tal sentido enumeró las “

violaciones del protocolo ante incendios, el desprecio por la vida... esto no puede ser apenas el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos” Y alertó: “el jefe de cuadrilla no era jefe, los combatientes (contra el fuego) no eran combatientes... Todos estamos en peligro al llamar al 911”

Saravia mencionó que los brigadistas “no contaban con equipamiento adecuado, hubo falseamiento de datos, no tenían vías de escape, no había plan de contingencia, fallaron las comunicaciones, no se constituyó ni actuó un comité de emergencia”. Sostuvo que el fuego ya había comenzado y sido denunciado por los pobladores, “pero nadie hizo nada; sólo se ordenó mandar a las víctimas cuando llamó la ministra María Inés Diez, el diputado San Millán, el intendente (de Guachipas), pero se actuó con improvisación, desidia, negligencia, para combatir llamas de 20 metros de altura, llevando mochilas con 20 litros de agua”

Asimismo criticó el proceso penal, por cuanto “el fiscal Gabriel Portal archivó la causa, la defensora oficial dijo que los familiares no tenían derechos de reclamo, la fiscalía de Estado, negó indemnizaciones”. Desde el 28 de octubre de 2014 “hubo irregularidades, demoras y hasta una clara intencionalidad de enterrar la causa. Son cinco años sin justicia”, subrayó en su alegato de ayer.

 

Absolución lisa y llana

Los defensores Mario López Escotorín y Domingo Vargas (de Víctor Ola Castro); Pablo Agustín Tobío (de Roberto Durnelli) y Ricardo Poclava (de Víctor Dagun) coincidieron ayer a la tarde en alegar acerca de la inocencia de los acusados como en solicitar que sean absueltos penalmente y eximidos de reparación civil.

El turno de los alegatos de las defensas comenzó con Pablo Agustín Tobío, quien interpretó el sin sentido de llegar a juicio: “Había que hacer como hacer como hizo el fiscal de Cerrillos (Gabriel Portal) y archivar la causa”.Según Tobío, las autoridades procedieron legalmente al contratar a dos de las víctimas y aseguró que “todos eran brigadistas”.

Señaló que las cuatro víctimas “estaban capacitados plenamente, tenían la provisión de elementos correspondientes, vestimentas adecuadas; conocían sus derechos y riesgos” De este modo eximió de culpa a su cliente y a todos los acusados.

Asimismo, tal como luego hicieron sus pares Ricardo Poclava, Mario López Escotorín y Domingo Vargas, Tobío desplazó las culpas al jefe de la cuadrilla de lucha contra el fuego, Víctor Ferreyra, muerto el 28 de octubre junto a sus compañeros. “La decisión (de combatir el descomunal incendio) correspondía a Ferreyra... No se trata de tratarlo como criminal, el era el mejor, pero hubo error humano de Ferreyra, no cumplió el protocolo. En absoluto responsabilidad de sus jefes”

Mario López Escotorín argumentó que “no hubo malicia ni dolo” y apuntó como el resto de sus colegas defensores en la responsabilidad del jefe de cuadrilla. También mencionó una “zona gris”, por cuanto “no se sabe la causa de muertes, si fue por asfixia, por quemadura, pues no hubo autopsias. Esto fue una fatalidad por un siniestro inmanejable”

 

Tragedia de la naturaleza

Los abogados representantes de la Fiscalía de Estado negaron responsabilidad penal y civil en la muerte de los cuatro brigadistas y aseguraron que “la tragedia fue obra fortuita de la naturaleza”

Tras respaldar los alegatos de las defensas y enumerar normas que avalarían el legal proceder del Estado provincial, los letrados del organismo sostuvieron: “al Estado no le cabe indemnización alguna pues la tragedia fue obra de la naturaleza”, y de tal modo rechazaron las demandas civiles.

 

Las trabas

De acuerdo a los familiares de los brigadistas muertos, “la demora en el juicio no es una casualidad” y respondería a las trabas procesales interpuestas por la fiscal de Estado Pamela Calletti.

 

Nunca volvieron

Por órdenes de las autoridades de la Subsecretaría de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad de Salta, el lunes 27 de octubre de 2014 seis brigadistas forestales salieron desde la ciudad capital a sofocar un incendio de gran magnitud en las desérticas serranías de Las Juntas, 35 kilómetros al este de Guachipas, en el sur de la provincia.

Ellos fueron el jefe de la cuadrilla, Víctor Ferreyra (37); Mauricio Valdéz (27), Martín Albarracín (27), Matías Vilte (22), Pablo César Rivas, y Esteban Edigio Espinosa.

Sólo los dos últimos regresaron. El martes 28 de octubre, Ferreyra, Valdéz, Albarracín y Vilte murieron en el cerro El Acheral, rodeados por las devoradoras llamas.

 

Cuatro muertes sin investigar

Por qué no fue el CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales?”, preguntó en su alegato Carlos Saravia. Y continuó: “pese a que había cuatro muertos... de haber investigado se hubiera determinado que existió homicidio culposo..., hubo un direccionamiento para ocultar el crimen”.

- ¿Usted sostiene que todo se trata de que el Estado no quiere indemnizar a las víctimas? - consultó Punto Uno, en el cuarto intermedio.

- ¡Claro está que no quieren pagar! Hay un estrategia de negar derechos, de un estado impiadoso - sostuvo el querellante.